La Universidad Pablo de Olavide ha firmado un convenio con la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la realización de prácticas estudiantiles en los juzgados y tribunales andaluces. El convenio, publicado en el BOJA este mismo lunes, supone un complemento a la formación académica para los alumnos de titulaciones relacionadas con profesiones de la Administración de Justicia.
Según el documento, dado la amplia coincidencia en diversos fines de interés común, es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en los juzgados y tribunales que permita que los alumnos de la Universidad Pablo de Olavide realicen esta formación complementaria a sus estudios en los órganos judiciales de la comunidad autónoma.
De esta forma, los estudiantes podrán desarrollar tanto prácticas curriculares como externas (de carácter voluntario), siempre supeditadas a las necesidades y disponibilidad del juzgado donde se vayan a realizar. El alumnado será propuesto por la Universidad que también decidirá la duración de las mismas, en horario de mañana.
Las prácticas no suponen ninguna relación contractual ni su contenido puede dar lugar a la sustitución de personal. Por lo que no implica ninguna contraprestación económica ni computarán como mérito para el acceso a la función pública. Además, los estudiantes contarán con un tutor nombrado por el órgano judicial correspondiente, que recaerá en el juez o magistrado o en el letrado de la Administración de Justicia.
Al finalizar las prácticas, el alumnado recibirá un certificado expedido por el juzgado, donde constarán las horas realizadas, la naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado en el desarrollo de las mismas.
Además, para el seguimiento de las prácticas se creará una comisión paritaria integrada por dos miembros de cada una de las instituciones firmantes y un representante de la Delegación del Gobierno de la comunidad en nombre del Ministerio. Esta comisión se reunirá al menos una vez al año y el convenio tiene una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga durante otros cuatro.
Por último, el documento también contempla la cesión de aulas por parte de la Pablo de Olavide para la celebración de pruebas correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso o acceso de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia y de acceso a las carreras judicial y fiscal.
