La Junta de Andalucía ha destinado en los últimos meses algo más de 77 millones de euros para la contratación directa de personas en situación de desempleo a través de los ayuntamientos sevillanos. Los últimos decretos-ley aprobados por Consejo de Gobierno desde el pasado verano se han traducido en la provincia de Sevilla en 77.019.272 euros destinados exclusivamente al fomento de la contratación. Estas medidas urgentes activadas desde el gobierno andaluz han puesto el foco en aquellas familias en riesgo de exclusión social, personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro, jóvenes entre los 18 y 29 años que intentan acceder al mercado de trabajo y mayores de 30 y parados de larga de duración.
Para coordinar la ejecución de estas ayudas en la provincia, el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Francisco Javier Fernández, ha mantenido hoy, 28 de julio, una reunión de trabajo con la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Aurora Cosano, la secretaria provincial del SAE, Natividad Bejarano, así como con el coordinador provincial de Instituto Andaluz de la Juventud, Francisco Bernal y la Jefa de servicio de Acción e Inserción Social, Concepción Porras.
El objeto de esta reunión es coordinar los protocolos de actuación para la puesta en práctica de estas medidas que incumben tanto a la consejería de Economía como a la de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, dado que los beneficiarios de estas ayudas incluyen también a personas en riesgo de exclusión social y perceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Ambos departamentos han acordado cruzar sus datos para que los destinatarios mayores de 30 años que opten a un contrato en el marco del programa Emple@30+ no tengan que presentar documentación alguna, sino que sea el propio Servicio Andaluz de Empleo quien tramite toda la información necesaria para hacer efectivas las ayudas.
El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Francisco Javier Fernández, ha destacado la importante apuesta que está realizando el gobierno andaluz para “contrarrestar los efectos devastadores de la crisis económica y financiera sobre el mercado laboral y reactivar así el empleo entre los colectivos más duramente golpeados a través de los distintos decretos-ley puestos en marcha en los últimos meses”. Fernández ha valorado además el papel de las corporaciones locales como instrumento a través del cual dinamizar las contrataciones en su calidad de administración cercana al ciudadano y a sus necesidades
Ayudas a la contratación
Desde mayo del pasado año, el gobierno andaluz ha aprobado cuatro iniciativas bajo la fórmula del decreto ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad y destinadas a paliar los efectos de la crisis en los colectivos más vulnerables, evitar situaciones de exclusión social o reducir el impacto de las mismas.
Así, el decreto de lucha contra la exclusión social (mayo de 2013) recogía, entre otras medidas, ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación laboral de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarrollo de actividades de especial interés para la comunidad. En la provincia de Sevilla estas ayudas se cifran en 9’4 millones de euros distribuidos entre los ayuntamientos de manera directamente proporcional al número de personas en paro de cada municipio y destinados prioritariamente a familias con todos sus miembros en paro, familias numerosas de las que formen parte menores de edad, personas residentes en los territorios de la provincia reconocidos como Zonas con Necesidades de Transformación Social, personas con discapacidad o en situación de dependencia, y familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a su cargo.
Por su parte, el decreto ley para poner en marcha el programa Emple@Joven aprobado el pasado mes de mayo, contemplaba la contratación durante seis meses de más de 4.100 desempleados sevillanos a los que la Junta sufraga el 100% del coste salarial y de Seguridad Social en los contratos que realicen los ayuntamientos, de seis meses de duración y tanto a jornada completa como parcial. Para ello se destinan a la provincia de Sevilla más de 40 millones de euros que se distribuyen entre los distintos ayuntamientos para la contratación en obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, distintas de las que realiza regularmente el personal de la Administración local.
En cuanto al decreto ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad aprobado el pasado mes de junio, éste también contemplaba un Programa Extraordinario de Ayudas a la Contratación, dotado en la provincia de Sevilla con 8.777.279 millones de euros, con el que está previsto realizar más de 5.480 contrataciones a través de los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, permitiendo además el acceso a las personas que están sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social. Una de las líneas para la inclusión a través del empleo reflejadas en este decreto es la que fomentará la contratación de personas preceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad, permitiendo así reenganchar a perceptores del salario social al mercado laboral a través de contratos de, al menos, 6 meses con un salario que será superior a la prestación de IMS, cotizando en el sistema general de la Seguridad Social. Además, la empresa contratante recibirá una subvención de 2.500 euros.
Emple@30+
Por último, el decreto ley del pasado 15 de julio por el que se aprueba el Programa Emple@30+ está dirigido a la población de 30 o más años de edad desempleada con especial atención a los parados de larga duración y pretende constituirse en una medida eficaz para activar el mercado de trabajo, mediante la puesta en marcha de iniciativas generadoras de empleo. Una de las líneas de este programa destina a la provincia de Sevilla 18’7 millones de euros durante los dos próximos años. La Junta sufragará el 100% del coste salarial y de Seguridad Social en los contratos que realicen los ayuntamientos, de hasta seis meses de duración y preferentemente a jornada completa.
Dentro del colectivo de desempleados mayores de 30, se consideran prioritarias las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad, las desempleadas de larga duración que han agotado la prestación por desempleo, las titulares del Bono de Empleo Joven que no formalizaron en su día un contrato de trabajo y que ahora tienen más de 30 años y las personas desempleadas de larga duración con dificultades para incorporarse por vez primera al mercado laboral o, en su caso, reincorporarse al mismo por su prolongada inactividad.
Los ayuntamientos beneficiarios deberán presentar sus solicitudes de proyectos ante el SAE en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la normativa. De esta forma, tendrán hasta el próximo 21 de septiembre para realizar los trámites, que se harán de forma telemática a través de la oficina Virtual del SAE. A partir de aquí, la Junta tendrá tres meses para aprobar los distintos proyectos, que una vez aprobados deberán cumplimentar los contratos en los siguientes 15 días. Para ello las respectivas oficinas del SAE le enviarán tres candidatos por puesto solicitado.
